Finaliza audiencia contra red de corrupción que vendía fallos
El caso lo denunció el magistrado y expresidente de la Corte Suprema de Panamá, José Ayú Prado, en 2015, sobre una red que manipulaba expedientes del Segundo Tribunal a favor de detenidos.
La juez panameña Yamileth Robles "se acogió hoy al término que establece la Ley" para definir si llama a juicio o no a una red de 42 personas, entre funcionarios judiciales y jurados de conciencia, que vendía sus fallos, informó el Órgano Judicial (OJ).
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El caso lo denunció el magistrado y expresidente de la Corte Suprema de Panamá, José Ayú Prado, en 2015, sobre una red que manipulaba expedientes del Segundo Tribunal a favor de detenidos.
La fiscal anticorrupción Adela Cedeño señaló que existen pruebas que acreditan la vinculación de los sindicados con una red de corrupción, destinada a la compra de jurados de conciencia, ventas de fechas de audiencias y resoluciones de sentencias y medidas cautelares a favor de procesados.
"La fiscal Cedeño argumentó que se ha podido comprobar cómo en tres audiencias realizadas los días 7 y 22 de octubre, y el 9 de noviembre de 2015, en diferentes casos de homicidio, los jurados de conciencia dictaron el veredicto de inocencia a procesados, productos de pagos realizados para que dieran ese resultado", detalló la fuente judicial.
La fiscal señaló que estos argumentos fueron "debidamente probados con diligencias de allanamientos e inspecciones oculares a los despachos, interceptaciones de llamadas y declaraciones indagatorias que acreditan la existencia de una red donde cada persona tenía una asignación especial".
El Ministerio Público solicitó llamamiento a juicio para 29 personas y para otras 13 personas pidió un sobreseimiento provisional.
En la audiencia, que se realizó en el Segundo Tribunal Superior de Justicia, los defensores Kevin Moncada, Rosendo Rivera, Roberto Castro Camaño y otros abogados, fracasaron en su intento de realizar un proceso abreviado, solicitud que no fue objetada por Cedeño, pero fue rechazada por la jueza.
La defensa solicitó a favor de 24 imputados "un sobreseimiento provisional o definitivo".
Todos los investigados son procesados "por la presunta comisión del delito contra la administración pública", refirió.
No se precisó cuántos investigados están detenidos o prófugos.
Antes de la fase de alegatos se acogió un incidente previo de especial pronunciamiento presentado por la abogada Nicole Annette Davis, quien argumentó que la juez Robles no tiene competencia para llamar a juicio a un funcionario con jurisdicción, como es el caso de su representado, quien es juez de Juicio Oral y que actualmente está suspendido provisionalmente.
La juez admitió el incidente e informó que remitirá el caso de esta persona -no identificada por disposición judicial- al Tribunal Superior.
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