En este ultimo año de los 10,500 quintales de arroz pilado que consumen los panameños diariamente, un 25% fueron importados de los Estados Unidos. El quintal del arroz en cáscara y húmedo cuya producción local fue vendida por los agricultores panameños a razón de B/.14.00 el quintal, al secarse pierde hasta el 30% de su peso. El arroz en cáscara importado seco; es decir al cual no hay que retirarle el porcentaje de humedad, tuvo un valor de aproximadamente B/.11.00 el quintal.
Todo eso nos lleva a la irremediable conclusión de que si el 25% del arroz es importado, el precio del arroz al consumidor debió bajar su costo al público.
Como si eso no fuese suficiente, el arancel de importación para el arroz (en cáscara y el pilado) asciende al 90% de su valor puesto en Panamá, lo cual significa que el arroz importado debió haber pagado un arancel equivalente a unos B/.10.00 por quintal; sin embargo, por decisión del Consejo de Gabinete sólo pagó el 3% de su valor puesto en nuestra República o lo que es lo mismo, equivalente a unos B/.0.30 por cada quintal importado.
En fin de cuentas, el Estado panameño incentivó la importación del arroz procedente de los Estados Unidos y dejó de cobrar unos $15 millones en impuestos de importación para que el precio del arroz importado no afectara a los consumidores y se evitara el aumento extraordinario de este producto que es el básico en la alimentación de los panameños.
En resumen, el precio del arroz al consumidor no solamente bajo como materia prima debido al menor costo del arroz importado, sino que inclusive fue subsidiado.
Se pregunta uno: �Cómo es posible que si la Ley faculta a la Autoridad de Protección al Consumidor para que solicite al Gabinete el congelamiento de los precios hasta por un periodo de seis meses? �Cómo es que no hayan hecho nada para evitar que este millonario subsidio que otorga el Estado en vez de beneficiar a los consumidores, se dirijan a engrosar los inmensos beneficios derivados de esta operación mercantil?
A nuestro juicio, este manejo irregular del subsidio que otorga el Estado por decisión del Gabinete, no solamente debe ser motivo de una repulsa total por parte de los panameños, sino que debe dar origen a una investigación profunda de los hechos que aquí citamos.
