Trata de personas en proyecto gubernamental
Se les quitó los pasaportes a los trabajadores, y fueron forzados a trabajar en turnos de más de 14 horas, comiendo pan y sardina, y durmiendo a la intemperie.
Un grave caso de trata de personas -ocurrido en la provincia de Los Santos- ha manchado al plan habitacional Techos de Esperanza del Miviot, al Ministerio de Trabajo y al Ministerio Público.
Se trata del caso de varios inmigrantes indocumentados que fueron traídos a trabajar en la construcción de 23 casas de Techos de Esperanza en Bahía Honda de Macaracas.
Este contrato fue otorgado por el Ministerio de Vivienda, a cargo de Mario Etchelecu, a la constructora Rodsa, que a su vez contrató a Viking Solutions, empresa propiedad del venezolano Rómulo Ledezma.
Este extranjero les quitó los pasaportes a los trabajadores, y los forzó a trabajar en turnos de más de 14 horas, comiendo una sola vez al día (pan y sardina), y poniéndolos a dormir a la intemperie. Todas estas irregularidades del subcontratista -que se extendieron hasta por 9 meses- eran de conocimiento de Rodsa.
La abogada de los trabajadores, Lola Barcalá, relató en Telemetro que, una vez los trabajadores se acercan al Suntracs para interponer una denuncia en el Ministerio de Trabajo (donde el ministro es Luis Ernesto Carles), la empresa Rodsa les montó una trampa, en combinación con tres funcionarios del Ministerio Público.
Una representante de la empresa se acercó a los trabajadores prometiéndoles el pago de sus prestaciones. En vez de hacer la reunión para este propósito en el centro de mediación en Bahía Honda, se citó a los trabajadores en el Hotel Rex, de la ciudad de Chitré.
Una vez firman los documentos, y reciben un sobre amarillo con el supuesto dinero, fueron sorprendidos a la salida del hotel por un operativo policial, en el cual los arrestaron por cargos de extorsión.
Luego se conoció que tanto la fiscal Dalilia De La Fuente, la funcionaria del MP, Nereyda Barría, tenían familiares trabajando en Rodsa. Otro funcionario involucrado en el caso, César Tello, también tiene vínculos con Rodsa, debido a que la firma de abogados de su familia, Tello y Asociados, representa a la constructora.
Al conocer estas irregularidades, la procuradora general de la nación, Kenia Porcell, destituyó a Dalilia De La Fuente y a Nereyda Barría, mientras que César Tello fue trasladado a Colón, y renunció a los tres días.
Sin embargo, cinco de estos trabajadores indocumentados tuvieron que pasar 6 meses en la cárcel de Chitré, hasta que se revelaron las irregularidades de los funcionarios. Ahora, el venezolano Rómulo Ledezma está prófugo de la justicia, y los tres exfuncionarios del MP han sido querellados por asociación ilícita para delinquir.
Por otro lado, el Ministerio de Trabajo se pronunció a favor de Rodsa en la reclamación de los trabajadores, y exoneró a la empresa del pago de sus prestaciones. Según la abogada Lola Barcalá, han sido infructuosos los intentos para reunirse con el ministro Carles.
Los trabajadores no han recuperado sus pasaportes, y actualmente viven en un refugio, pero no pueden circular en el país, y la abogada señala que no han recibido apoyo del Gobierno.
La empresa Rodsa, de propiedad de Juan Alexis Rodríguez, actualmente construye 48 calles internas en Parita.
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