Ataque a los derechos humanos

La negativa del presidente de la República, Juan Carlos Varela, de acatar el requerimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que recientemente pidió al mandatario el traslado a tierra firme de los detenidos en el penal de isla Coco, encierra un peligro latente para la plena vigencia del régimen de derechos humanos en Panamá.

Que no se nos malinterprete. No estamos haciendo una defensa oficiosa a los detenidos, ellos tienen sus abogados para ello, lo que destacamos es que Panamá como firmante de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y otras convenciones sobre la materia, tiene la obligación contractual, legal y moral de cumplir con esos acuerdos.

Al negarse el Gobierno a cumplir con una instrucción del organismo supranacional de los derechos humanos, viola la Constitución política que en su artículo 4 es clara al señalar: “Panamá acata las normas del derecho internacional”, lo cual incluye tratados y convenciones de los que somos signatarios.

Empero, lo peligroso del caso es que coloca al país a contravía del respeto a las garantías fundamentales y da pie al abuso y arbitrariedad.

La negativa de Varela a cumplir con la CIDH explica la actuación abusiva del Ministerio Público politizado que abusa de las detenciones preventivas y que las mismas recaen -¡qué casualidad!- sobre exfuncionarios de la anterior administración, víctimas de la persecución política.

Estas actuaciones constituyen un claro abuso de autoridad, que pueden ser objeto de una instrucción sumarial en el futuro, porque hay que pararle el jueguito a quienes abusan de sus cargos violando la Constitución y la ley.

Si Varela insiste en gobernar de espaldas al pueblo, llevará al país a situaciones de imprevisibles consecuencias.