Caso Gese

La soberanía jurídica de un Estado se extiende a la protección de los bienes jurídicos que consagra su carta fundamental y las leyes dentro de su territorio.

Por ello resulta censurable que el actual gobierno, supuesta representación jurídica del Estado de Derecho, haya sido incapaz de tomar una postura de principios frente al aspecto concreto que amenaza al grupo editorial Gese, pero en la práctica es una espada de Damocles sobre todos los panameños.

Las razones que haya tenido el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de incluir a la empresa editora de dos diarios de circulación nacional en la llamada “Lista Clinton”, solo ellos la sabrán y es su potestad.

La Embajada de EE.UU. dijo que tenían pruebas acumuladas de diferentes agencias, pero el sobreseimiento local girado a favor del Grupo Waked indica dos cosas: o no hay mayores evidencias o los gringos no la entregaron por desconfiar de la actual administración panameña.

Pero es innegable que el Gobierno tiene la potestad de oponerse a cualquier prerrogativa extranjera dentro de nuestro territorio. La fría reacción de la administración Varela ante las pretensiones de un país extranjero, lo que denota es un abandono de sus funciones.

Varela que se ponga los pantalones y se caracterice, ya que la libertad de prensa, el derecho a la información, entre otras normas que protegen la libre emisión del pensamiento y la palabra están consagradas en la Constitución Nacional.