El derecho a la salud y la prisión

Si existe una intolerable morosidad por parte del Estado, es en materia de la obligación de una eficiente prestación del servicio de salud, más específicamente en materia de salud de los privados de libertad.

A lo largo de este año se han reportado casos de presos que los han encontrado muertos en su celda o que producto a su grave estado han sido trasladados a centros de salud pública, ya en estado agónico y próximos a morir.

El hecho de que un ciudadano esté privado de su libertad, no obsta, para que se le brinde el servicio de salud pública en iguales condiciones que a los demás, tomando en cuenta que este es un derecho humano y la negativa a prestarlo en condiciones óptimas es una negación a este derecho.

Por otra parte, si el reo o sus familiares no tienen los medios y condiciones económicas para pagar el servicio médico, lo lógico es que el Estado facilite esta atención.

Quiero referirme al caso del expresidente Ricardo Martinelli, que como se sabe cuenta con los recursos económicos para recibir una prestación médica en un centro privado, ¿por qué se le regatea este derecho?, ¿se busca acaso agravar sus dolencias, para un desenlace fatal?

Con la salud de nadie, preso o libre, se debe jugar o negarla, tal acción es simplemente criminal.