Opinión - 11/2/15 - 12:00 AM

Fondo para sapería

Miércoles 11 de Febrero de 2015 12:00 AM

Mediante Decreto Ejecutivo 157 de 3 de febrero de 2015, publicado en la Gaceta Oficial, el presidente de la República autorizó la creación de un fondo millonario para pagar a informantes y financiar tareas de inteligencia, todo esto bajo el control total y absoluto del primer mandatario.

Esta medida es propia de regímenes autoritarios que pretenden actuar al margen de la ley, disfrazando sus acciones en socorridos argumentos de que es por “la seguridad” de la sociedad.

El decreto establece que con ese dinero se puede “comprar” información, “sufragar gastos de fuentes de información”, “pagar recompensas”, “compra y alquiler de equipos tecnológicos e informáticos”.

Si a esto le sumamos la denuncia de que el Consejo de Seguridad está actualmente grabando a opositores, Dios nos agarre confesados.

En la práctica, tal decreto significa armar y financiar un cuerpo de sapos al servicio del Estado, como lo fue en el tenebroso G-2 de la Guardia Nacional, en la época más oscura de la dictadura.

La historia se repite en espiral. En 1941 el gobierno de Arnulfo Arias creó la llamada “Policía Secreta Nacional”, un cuerpo de seguridad que se convirtió en una inmensa red de sapería y persecución política a adversarios. En aquella época muchos la compararon con la Gestapo de la Alemania nazi.

¿Qué valor jurídico puede tener la información obtenida por pago o recompensa, dentro de un proceso judicial? Ninguno, porque se presta para el cohecho y la mentira.

El decreto de la sapería puede ser violatorio de la Constitución Nacional, al conculcar garantías consagradas en ese cuerpo de normas superiores, como lo son el principio de legalidad debido proceso y presunción de inocencia, al imponer mecanismos de investigación sin sujeción ni verificación ni control, salvo la sacrosanta voluntad del mandatario.

Llama la atención que el propio ministro de Seguridad dijo que desconocía el mamotreto, a pesar de que está publicado en Gaceta Oficial, lo que demuestra que lo que no se quiere perseguir a la delincuencia organizada, sino usarlo como arma de amedrentamiento a opositores.