Fuerza Pública

Una característica de los gobiernos autoritarios y dictatoriales es la de convertir a sus brazos funcionales de represión en instrumentos de persecución política, lo que trae como contrapartida que estos brazos represivos se hipertrofian de corrupción.

Esto parece estar sucediendo con los estamentos de seguridad pública –sin querer generalizar, porque sabemos que aún hay buenas unidades-  los cuales se han convertido en una suerte de mafia criminal.

La reciente detención de un comisionado, subcomisionado, un subteniente y un capitán de la Policía Nacional (PN), así como la captura de una unidad aeronaval en un operativo antidroga, en Colón, demuestra que hay muchas manzanas podridas dentro de esos estamentos.

Si a lo anterior le sumamos el caso del comisionado que  ahora está preso junto con su hijo, producto de presuntas actividades delictivas, tenemos que concluir que los panameños estamos totalmente desprotegidos, ya que quienes deben hacer esa labor están de parte de los maleantes.

Si el presidente quiere recuperar algo de su maltrecha credibilidad y pasar a la historia como un gobernante democrático y no autoritario, debe hacer algo urgente para depurar la Fuerza Pública de los delincuentes encubiertos que medran dentro de ella.

Empero, la esperanza es poca, porque a contravía del querer  y sentir de la gran mayoría de la sociedad, el mandatario ha expedido un decreto que permite a los uniformados que ocupen cargos de ministros, jubilarse con un salario de $7,000, lo que crea un odioso privilegio que es inconstitucional y como tal será demandado en su momento.

Antes de estar pensando en comprar lealtades y sueño tranquilo de los uniformados  con el inmoral e inconstitucional decreto, el presidente debe hacer su mejor esfuerzo para depurar a los estamentos de seguridad.