Golpe de Estado

Frente al escándalo de fraude y corrupción en la Asamblea Nacional, crecen las voces que exigen que ese órgano del Estado sea cerrado y que se mande a los diputados para su casa o para la cárcel. Esta tesis es incorrecta.

Las instituciones democráticas se sostienen sobre la base de la existencia de tres órganos separados, pero que trabajan mancomunadamente, a saber: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

El problema es grave porque no estamos hablando de casos aislados de diputados que usaron dineros públicos para su propio provecho, sino que todo apunta a la existencia de una organización criminal, en la que sus integrantes se concertaron deliberadamente para asaltar los dineros públicos.

Sin embargo, la aventurada idea de eliminar de un plumazo –sea que se justifique o no– un órgano del Estado es, prácticamente, dar un golpe de Estado; por lo general, tales iniciativas provienen del Órgano Ejecutivo.

En América Latina sobran los ejemplos de presidentes que “cerraron” sus Órganos Legislativos para gobernar por medio de decretos de gabinete y lo que entronizaron fue una dictadura que a la postre fue derribada por el pueblo.

El mecanismo correcto era la convocatoria de una asamblea nacional constituyente elegida por el pueblo. Esa fue una promesa que Juan Carlos Varela hizo en campaña, pero no cumplió.

En medio de la actual crisis, hay quienes hablan de una asamblea constituyente, pero nombrada de a dedo, con lo que, como dice el refrán, “el remedio sería peor que la enfermedad”, pues con ella Varela gobernaría paralelamente. Ojo con esta vía que también es un golpe de Estado a la democracia.

Hay que depurar la Asamblea Nacional de los maleantes y buscar mecanismos legales para que estos bochornosos hechos de corrupción no se repitan, pero todo esto debe darse dentro del marco de la legalidad democrática, no con recetas trasnochadas e ineficaces.