Opinión - 21/10/14 - 11:26 PM

Golpe de Estado jurídico

Redacción

Hace muchos años el genial analista italiano Curzio Malaparte escribió un libro titulado “Técnica del Golpe de Estado”, que es un clásico de la ciencia política. Si Malaparte viviera, tendría que reescribir su libro a la luz de los hechos que han salido a relucir con el juzgamiento del magistrado de la Corte Suprema, Alejandro Moncada.

Sin duda que Moncada puede resultar pesado para muchos, pero merece un proceso justo. Aquí se le vapuleó. Fue como una pelea donde al oponente se le tiene amarrado y se aprovecha para darle puñetazos, golpes en la zona noble, cabezazos, piquete en los ojos, cuando está en el piso se le entra a patadas y como postre: se le escupe en la cara.

A Moncada se le separó del cargo, se le dictó arresto domiciliario, se le prohibió salir del país, lo dejan sin casa y no puede trabajar. Todo eso lo aprueban tres jueces de garantías, de las cuales dos -una exprocuradora y una exjueza- debieron declararse impedidas y que no le dieron oportunidad de defensa. ¿Es esto justicia?

Al mismo tiempo es cuestionable la posición del resto de los integrantes de la Corte, que para salvar su pellejo han pretendido hacerse los desentendidos.

Al mismo tiempo resulta inaudito que tres diputados en colusión con otro que hace de fiscal puedan separar del cargo a un magistrado del Órgano Judicial; bajo esta lógica, estarían facultados no solo para separar a uno, sino al resto de la Corte Suprema de Justicia e incluso al presidente de la República, lo que en buenas cuentas sería un golpe de Estado técnico-jurídico.

Juristas serios -y no los que acomodan el Derecho debido a su evidente enemistad con Moncada- han advertido que la llamada subcomisión se excedió en las medidas cautelares al magistrado, ya que como reza el artículo 216 de la Constitución: solo puede ser detenido en virtud de “mandamiento escrito de la autoridad judicial competente para juzgarlo”, y resulta que esta autoridad competente no es otra que el pleno de la Asamblea de Diputados y no una simple subcomisión formada por tres diputadas.

Bajo este rasero, una acusación contra el presidente de la República, que prospere en la comisión de Credenciales, deberá seguir el mismo camino que la acusación contra Moncada y, bajo esta lógica, Varela podría ser separado del cargo por tres diputados.

Por otra parte, resulta evidente que se violó el Código Procesal Penal, que señala que toda resolución, tanto de solicitud de medidas cautelares, como la que la niega o aprueba, debe ser motivada, porque está una garantía del debido proceso, la decisión sin motivación, deviene en arbitrariedad que se ha ocurrido contra Moncada.