Grave denuncia

La denuncia penal presentada ante la Fiscalía Anticorrupción en contra del Sistema de Protección Institucional (SPI) por el presidente de la Asociación Nacional de Portadores de Armas (APPA), Isaac Brawerman, sobre supuesto tráfico de armas y corrupción de servidores públicos, debe ser investigada hasta las últimas consecuencias, ya que está de por medio un estamento de seguridad vinculado directamente con el presidente de la República, Juan Carlos Varela.

Brawerman denunció versiones de unas 14 pistolas 9 milímetros, las cuales se han perdido durante la actual administración del SPI. De ser cierto, esto confirmaría versiones que en algunas ocasiones han circulado, en el sentido de que unidades corruptas de los estamentos de seguridad son lo que abastecen de armas a los criminales criollos.

El Gobierno Nacional ha sostenido la tesis de que los delincuentes están utilizando armas con permiso -es decir, legales- para cometer delitos, en virtud de lo cual han prohibido su importación, generando una incertidumbre en el ciudadano que tiene los medios y recursos económicos para comprar un arma para defensa personal o de su familia y bienes.

Hilando delgado, si no se están importando armas -por orden del actual gobierno-, ¿será que las armas que usan los maleantes son, entre otras, las que se han “perdido” de las armerías del SPI?

Lo cierto es que mientras se denuncia la desaparición de armas propiedad del Estado y se prohíbe su importación para la compra legal, los maleantes, que sí están bien armados, siguen haciendo de las suyas.

Por ello resulta imperante que se investigue si, efectivamente, las armas presuntamente desaparecidas del SPI están en manos de los delincuentes, cómo llegaron a ellos y quiénes son los responsables de suministrárselas.