Inventores de absurdos

El anuncio hecho por el secretario general del Ministerio Público (MP), Rolando Rodríguez, en el sentido de que vendrán más arrestos con relación al caso de la Caja de Ahorros (CA), es una clara intimidación, ya que sin motivación alguna, el funcionario profiere amenazas de cárcel, hecho que sin duda demuestra que en Panamá, la Procuraduría de Kenia Isolda Porcell y sus adláteres están abusando del poder.

Otra amenaza del funcionario fue decir que “investigarán” un supuesto blanqueo de capitales, ¡claro, como no tienen cómo justificar sus aberrantes posturas jurídicas, ahora quieren inventar nuevos tipos penales que no aplican al caso!

Anunciar medidas de cárcel contra personas indeterminadas es un abuso de autoridad y una violación a los derechos humanos, ya que simplemente lo que están diciendo es que, a su capricho y sin importar los descargos que haga cualquier ciudadano citado a declarar a una fiscalía, ellos pueden meterlo preso.

La actitud desplegada por Rolando Rodríguez, que sin duda sigue instrucciones de más arriba, se configura como un claro abuso de autoridad y extralimitación de funciones, delito descrito en el artículo 355 del Código Penal.

Dicho artículo es claro al señalar que el servidor público que, abusando de su cargo, ordene o cometa en perjuicio de otro un hecho arbitrario no calificado específicamente dentro de la ley penal será penado con prisión de dos años o su equivalente en días multas.

A Riccardo Francolini, Fernando Correa y el resto de los directivos de la CA les han fabricado un mamotreto sin pie ni cabeza para justificar una detención.

Abogados penalistas, que conocen la materia, han afirmado que la postura del Ministerio Público viola los presupuestos filosóficos del Sistema Penal Acusatorio (SPA), que tiene como centro la presunción de inocencia y el respeto a la dignidad de la persona.

Por otra parte, el tipo penal al que aluden (peculado) no encuadra con la conducta desplegada por los supuestos imputados. Señores, no pueden forzar la norma penal, la lógica jurídica y los hechos indican que no hay ningún peculado ni lavado de dinero como ahora están insinuado.