Magistrados planean más modificaciones a ley electoral

Los magistrados del Tribunal Electoral esperan que el Ejecutivo sancione el proyecto de ley 292 para presentar otras que incluyan modificaciones de temas que pueden tener visos de inconstitucionalidad.

Los magistrados Heriberto Araúz, Eduardo Valdés Escofery y Alfredo Juncá adelantaron esa posibilidad durante una visita realizada ayer a las instalaciones de Epasa para explicar el alcance de las reformas electorales aprobadas recientemente por la Asamblea Nacional.

Uno de los temas fundamentales que deben ser modificados es el incluir a los diputados y otros cargos de elección popular en la prohibición que desde un año antes de las elecciones no puedan participar –so pena de ser inhabilitados- en ninguna inauguración de obras públicas o actividades financiadas con fondos estatales.

Las reformas aprobadas extienden esa prohibición a los candidatos y precandidatos, exceptuando los de cargos de elección. Es decir, los ministros y directores de entidades que quieran participar en las elecciones del 2019, deben renunciar el 5 mayo del 2018.

Otro aspecto que toca a los medios es que la publicidad de las nóminas presidenciales solo la contratará el Tribunal Electoral con base en un monto del subsidio estatal que se estima que será de $35 millones.

De los fondos privados que logren los candidatos presidenciales –los cuales tienen un tope de gastos de $10 millones- no se podrá contratar publicidad. Del tope de donaciones de $300 mil que pueden gastar los candidatos a diputados, solo el 30%, es decir, $90 mil se pueden utilizar en publicidad.

Además se prohíbe la publicidad estatal desde 3 meses antes de las elecciones.

La violación de los topes de gastos es causal de nulidad de la elección y la proclamación.

Otro aspecto destacable de las reformas es que el periodo de campaña se limita a 60 días antes de las elecciones y se estableció una doble instancia para decidir las controversias electorales administrativas y la penal electoral.

También se redujo el fuero penal electoral de 3 meses a 15 días y se incrementó la veda en la publicación de encuestas de 10 que era antes a 20 días.