Paralizan por 2 años Ciudad Hospitalaria y ahora duplican costo

Tras mantener paralizada por casi dos años la Ciudad Hospitalaria, ahora el Gobierno quiere llegar a un acuerdo con la constructora española FCC para inaugurar a finales de 2018 ese complejo, dijo ayer el mandatario Juan Carlos Varela.

“Se está negociando con el contratista el valor de esta obra en una mesa de trabajo en la Contraloría para poder avanzar con los refrendos y las adendas que se necesitan“, explicó el gobernante durante un recorrido por las obras, que registran un avance del 46 % y en las que actualmente trabajan 600 personas.

Cuando en junio de 2014, el saliente mandatario Ricardo Martinelli inspeccionó la obra se informó que el proyecto por valor de $517 millones tenía un avance del 45% y debía ser completada antes de finalizar el 2015.

El proyecto, que tiene una extensión de 219,000 metros cuadrados, incluye 17 edificios, 39 quirófanos, 295 consultorios, 1,243 camas, kilométricos estacionamientos, un helipuerto y hasta un hotel.

Ahora el Gobierno sostiene que el proyecto supera los $1,000 millones

 Sobre las vías de acceso a la Ciudad de la Salud, el presidente Varela destacó que está por definirse, ya que se espera la licitación de la ampliación de la carretera Corozal-Centenario para tomar una decisión.

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 En el complejo se prevé albergar las instalaciones del Instituto Oncológico Nacional (ION), que ocuparía un 20%

En otro aspecto, Varela dijo que aspira presentar ante la Asamblea Nacional en julio, una nueva ley de contrataciones públicas, una de exigencia de varios sectores del país tras el escándalo de sobornos de Odebrecht.

Varela vetó parcialmente en junio pasado un proyecto de ley sobre contrataciones públicas aprobado en el Parlamento, para que el Legislativo reconsidere aspectos como plazos en los contratos de urgencia o condiciones especiales para el sector salud.

El presidente no vetó, sin embargo, el punto del proyecto de reforma de ley que había sido más criticado por la sociedad civil: el que se permita participar en procesos de contratación a empresas condenadas en el extranjero.