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El 24 de enero de 2010, una circular enviada por la contralora Gioconda de Bianchini a las entidades en todos los órganos del Estado advirtió que quien use irregularmente autos oficiales podrá ser retenido por la policía en operativos sorpresa y multado, sin importar si quien se encuentre dentro del auto en cuestión sea un diputado, un ministro, un alcalde, un magistrado supremo o uno del Tribunal Electoral.

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