Comprarán auto de $60 mil para funcionario porque el asignado estaba usado
Se trata de una contratación excepcional de una camioneta marca 'Dodge' del año para el Magistrado Presidente del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas.
Comprarán auto de $60 mil para funcionario porque el asignado estaba usado
Por: José Chacón -
El Gobierno del presidente Juan Carlos Varela pretende comprar una camioneta de 59 mil dólares para uno de sus funcionarios.
El vehículo marca Dodge será destinado a Diógenes de la Rosa Cisneros, el actual Magistrado Presidente del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas.
Se trata de un procedimiento excepcional para adquirir un vehículo americano, tipo camioneta, color Granite Crystal Clear Coat, de 2019.
Según el documento oficial, que lleva la firma del propio Diógenes de la Rosa Cisneros, el auto será para uso exclusivo del Despacho Superior, o sea, para el servidor público en mención.
Entre los argumentos que se alegan para dicho gasto, se puede leer que: "con la presente contratación se pretende renovar la camioneta asignada al Magistrado Presidente, el cual tiene cinco años de uso con kilometrajes excesivos".
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Además del desgaste del auto del Estado, que en la actualidad usa ese funcionario, alegan que es necesario un nuevo carro porque, "se requiere con suma urgencia renovar el vehículo asignado" a Diógenes de la Rosa Cisneros "con la finalidad de ahorrar gastos de mantenimiento y piezas".
Cabe señalar que esa institución ya ha comprado dos camionetas de igual marca a la misma empresa que proporcionará la nueva camioneta, mediante la orden de compra N° 420018863.
Sustentan también que, la compañía que se ganó el contrato, es la única que distribuye en Panamá "de forma exclusiva la marca Dodge, cuyas dimensiones se adecuan a las carreteras de todo el país".
Una camioneta Dodge, modelo Durango STX AWD, tiene una transmisión automática de 8 velocidades, posee capacidad para siete pasajeros y usa gasolina, no diesel.
El Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas fue creado mediante la Ley 22 de 27 de junio de 2006.
La institución tiene como misión resolver los conflictos que surjan en las contrataciones públicas con indepencia y efectividad.
