10 años esperando justicia

Si hay un caso que es paradigmático de la lentitud y el tortuguismo de la administración de justicia en Panamá, sin duda, es el de los 11 imputados por el caso del envenenamiento masivo por el jarabe con dietilenglicol, que ha pasado a la historia panameña con el nada honroso título de “jarabe maldito”.

Es maldito porque les cambió la vida para mal a más de un millar de panameños que consumieron el brebaje sin saber que con ello se sentenciaban a muerte, como en efecto ya sucedió con varios, o a vivir una vida miserable llena de dolencia y enfermedades producto de la ingesta.

Luego de 10 años de subir y bajar escaleras tanto los querellantes, víctimas, así como los propios imputados se encuentran que por tecnicismos jurídicos se suspende la audiencia, lo que prolonga aún más la angustia de todos los actores de este drama judicial.

Aunque la nueva fecha de audiencia es cercana, 21 de marzo, muchos se preguntan por qué tuvieron que pasar 10 años para que este caso fuera a juicio, tiempo en que varios de los afectados fallecieron, sin poder ver si se les hizo justicia.

Lo cierto es que este y otros casos de alto perfil permiten que las partes involucradas echen mano a tecnicismos y chicanas, propias de tinterillos audaces, para dilatar lo más posible el momento de la verdad; es decir, encontrarse cara a cara con sus víctimas y el juez de la causa.

Se hace necesaria una verdadera reforma procesal, que impida que quienes tienen que responder ante la ley utilicen subterfugios para demorar sus causas.

Pero eso solo será posible si nuestros gobernantes entienden que es necesario un replanteo estructural y nuevo de todo el sistema de administración de justicia para acabar de una vez por todas con la impunidad y la corrupción.