¿Auditorías selectivas?

La Dirección General de Ingresos (DGI) es un organismo de fiscalización tributaria que, mal dirigido, se puede convertir en un arma de persecución y represión política, esto es así porque su función es escudriñar cómo los ciudadanos perciben sus ingresos, lo que es en sí algo muy personal y delicado.

La reciente denuncia hecha por la dirigente del opositor partido Cambio Democrático (CD) Alma Cortez, sobre la existencia de un plan de persecución política utilizando el organismo de fiscalización tributaria, toma fuerza toda vez que a los únicos a los que la DGI audita o a cuyas oficinas sus inspectores se presentan son, precisamente, las de los críticos y opositores al actual gobierno.

Así sucedió con Cortez, con el abogado Sídney Sittón, con periodistas y comentaristas críticos de la actual gestión gubernamental, lo que demuestra que se está utilizando al organismo oficial como un ente de amedrentamiento político.

Es un hecho que el Ministerio Público, en cabeza de Kenia Porcell, exsubalterna del presidente Juan Carlos Varela, lleva a cabo una justicia selectiva en la que solo los críticos y opositores al régimen son perseguidos y encarcelados, mientras que los amiguitos del poder la pasan fácil.

Si se habla de justicia selectiva en el marco de la investigación e instrucción penal, ¿por qué no podemos hablar de auditorías selectivas en el plano fiscal?

El hecho de que sean profesionales con un perfil político muy definido o empresarios no conformistas los que son objetos de estas auditorías es un demostrativo de que las mismas tienen una intención que va más allá de la simple inspección tributaria. Muy malo está el usar a las instituciones públicas para imponer políticas autoritarias en aras de callar el inconformismo popular. Cuidado... juegan con candela.