Denegación de justicia

Hace varios meses, el presidente Juan Carlos Varela les advirtió a los jueces del Órgano Judicial que debían ser “leales al Estado”; la llamada de atención fue a propósito de una sentencia de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, que favoreció a un particular que interpuso una demanda contra el Estado.

Amén de que aquella advertencia fue una injerencia directa e indebida del jefe del Ejecutivo hacia otro órgano de la administración, también es una forma de abuso de autoridad y extralimitación de funciones, pero lo más grave es que constituye un claro acto de denegación de justicia.

Si bien el juez no tiene derecho a sustraerse a su obligación de declarar en derecho, tampoco puede fallar a contravía del caudal probatorio, solo para complacer el prurito presidencial de no querer pagar a nombre del Estado las indemnizaciones debidas al particular que le gane un pleito.

Es un hecho que, diariamente, las instituciones públicas a través de sus funcionarios cometen fallas en el servicio que brindan a la sociedad, algunas son tan protuberantes que llegan a la Corte Suprema, en formas de demandas de nulidad o de plena jurisdicción.

Los particulares buscan protección y abrigo en la Sala Tercera ante el abuso y las fallas de la administración pública, pero si los magistrados que componen dicha Sala, ya sea por complacencia servil, oportunismo o temor, no satisfacen el anhelo de justicia del ciudadano que demanda al Estado, entonces vamos por mal camino.

Un caso harto frecuente es el de las demandas de reintegro de funcionarios que injustamente fueron despedidos, a las que los magistrados o las dejan dejando durmiendo el sueño de los justos, o sencillamente, al cabo de meses o años, fallan contra el demandante alegando deficiencias formales del libelo, pero sin entrar en el fondo de la controversia, esto es simple y sencillamente denegación de justicia.