Derechos humanos

La crisis por la que actualmente atraviesa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un duro golpe al sistema de protección de los derechos fundamentales, expresada a través de distintos instrumentos jurídicos de la cual Panamá es signataria.

Se habla del despido, para el mes de junio, de cerca de la mitad del personal que labora en el organismo, toda vez que no se cuentan con los fondos suficientes para que el sistema funcione efectivamente.

Actualmente, cursan en la CIDH varias denuncias contra el Estado panameño por supuesta violación del derecho al acceso a la justicia y al debido proceso, en los procedimientos instruidos contra funcionarios de la anterior administración, encabezados por el exmandatario Ricardo Martinelli.

Nadie duda de que el colapso del organismo protector de derechos humanos en América Latina solo favorece a aquellos gobiernos de corte autoritario, que han sido sancionados por la CIDH por sus prácticas violatorias de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de la cual Panamá es parte, por lo que está obligada a acatar sus decisiones.

Cuando los abogados defensores de los derechos humanos, en los distintos casos que cursan en los tribunales locales, hablan de “control de la convencionalidad”, lo que quieren decir es que por convenio y norma constitucional, Panamá está obligada a seguir los dictámenes de la CIDH.

¿Qué pasa ahora que el organismo está inmerso en esta crisis económica?, simple y sencillamente, se fortalecen las voces autoritarias que no respetan las garantías fundamentales.

El Gobierno panameño, así como los del resto de Latinoamérica, tienen la obligación de no dejar morir el sistema interamericano de derechos humanos, la inacción de estos gobiernos frente a la actual crisis del CIDH, es inadmisible y permitirla es abrir la puerta al despotismo y al abuso contra los pueblos americanos.