Falta de transparencia

La renuncia del premio Nobel de Economía, el norteamericano Joseph Stiglitz, y del suizo Mark Pieth, profesor de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Basilea, al comité creado por el Gobierno para investigar las implicaciones del escándalo de los Panamá Papers demuestra que no existe un real interés de la administración de Juan Carlos Varela de poner fin a la utilización de elementos allegados al poder, de nuestro centro bancario y sistema fiscal para  actividades cuestionables.

El llamado “comité de expertos” fue conformado en abril pasado por el gobierno panameñista para evaluar el sistema financiero y fiscal de Panamá, luego del escándalo en el que quedó al descubierto cómo la firma Mossack Fonseca, en la que destaca como socio Ramón Fonseca Mora, influyente asesor de Varela, utilizó las sociedades anónimas “offshore” para que otros ocultaran fortunas provenientes de supuesta evasión fiscal y blanqueo de capitales  en Panamá y en paraísos fiscales alrededor del mundo.

Ambas eminencias internacionales justificaron su renuncia bajo el argumento de que existían condiciones que equivalían a la censura gubernamental, lo que impedía la autonomía y transparencia necesaria para desarrollar su labor investigativa.

La salida de ambos deja al organismo sin funciones y razón de ser, ya que el resto de los integrantes locales tienen más o menos definidas posturas políticas, en las que sin duda está la sumisión  al mandato del Órgano Ejecutivo, al contrario de Stiglitz y Pieth, cuya independencia era garantía de una real labor investigativa.

Contentos y saltando en un pie  deben estar los  protagonistas del escándalo de los Panamá Papers, ya que nunca se sabrá –por lo menos desde nuestro país– el alcance y el daño que hicieron a nuestro sistema bancario con sus prácticas turbias.

Empero, pese a la opacidad con que el Gobierno ha manejado el tema a nivel local, en todos los países del mundo organismos serios adelantan investigaciones y pesquisas policiales sobre la utilización de las sociedades “offshore” por parte de la todopoderosa Mossack Fonseca.

Una vez más, se impuso la falta de transparencia y opacidad gubernamental. ¡Qué tristeza!