Jactancia cruel

La reciente declaración de la coordinadora de los fiscales anticorrupción del Ministerio Público, en la que destacó que se han dado 175 arrestos por el delito de corrupción, se le pueden hacer varias lecturas, pero lo que salta de bulto es la incapacidad del Ministerio Público de entender que la detención preventiva es la más grave de las medidas cautelares y que solo debe ser utilizada cuando otras medidas sean inadecuadas.

La propia funcionaria se vio obligada a reconocer que en varios de estos casos, los juzgados han ordenado el cese de la detención preventiva y la aplicación de otra medida cautelar más acorde a la condición jurídica del imputado, además de que hay otros casos en que deben pronunciarse en ese sentido.

La intervención del derecho penal en los conflictos sociales es el mínimo exigible, de lo contrario sería vivir en un estado autoritario, que es lo que sucede en Panamá, donde la detención preventiva es la medida cautelar por excelencia al menor señalamiento penal.

Eso significa que para los fiscales panameños no existe otra medida a aplicar en una investigación penal, que no sea la de privar a priori de la libertad al investigado.

Eso tiene una explicación. Utilizar los entes investigativos como instrumentos de persecución y amedrentamiento político, lo vemos no solo con el Ministerio Público, sino también con la Dirección General de Ingresos (DGI) que solo manda sus auditores a las oficinas de los opositores al actual gobierno.

Que no se jacten los fiscales de las detenciones preventivas que decretan, porque no tienen fundamento, y una a una se les irán cayendo porque son medidas abusivas, que lo que buscan es el sufrimiento moral y físico del imputado.

Allá arriba hay un Dios que todo lo ve y más temprano que tarde les pedirá cuentas -aquí en la Tierra- por su abusiva y cruel actuación.