Justicia para los envenenados

Sin duda alguna, los casos de envenenamiento masivo con dietilenglicol quedarán en nuestros anales judiciales como los más sonados desde el punto de vista mediático y humano, no solo por la cantidad de afectados, que son miles, sino porque reveló una supina negligencia estatal en la procuración del servicio público de salud.

Muchos panameños que consumieron el llamado “jarabe maldito” han muerto, otros han quedado con secuelas permanentes, que han deteriorado su calidad de vida y acortado sensiblemente su expectativa vital, por lo que lo menos que pueden hacer los jueces, que en este momento conocen del juicio seguido a los presuntos responsables, es hacerles justicia a las víctimas, condenando a los responsables de la atroz negligencia.

Al menos 170 personas han fallecido y otras 8,000 han resultado afectadas desde 2006, cuando se conoció que el jarabe que había sido suministrado por la Caja de Seguro Social (CSS) contenía dietilenglicol.

A estos ciudadanos y a los familiares de los fallecidos hay que hacerles justicia, porque indudablemente hubo una falla humana que propició el envenenamiento masivo.

Al margen del proceso penal, que busca la condena concreta y tangible de los funcionarios y empresarios implicados, el Estado como ente personificado en la CSS, también tiene su cuota de responsabilidad en esta debacle.

Consideramos que la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia no tendrá ningún reparo en admitir una demanda indemnizatoria de las víctimas y los familiares de los fallecidos y poner un "pretium doloris" por el daño moral y material ocasionado.

Cuando los funcionarios entiendan que su sueldo lo pagamos los contribuyentes, y que se deben al público, se darán cuenta de que estas negligencias cuestan y deben ser pagadas.

Ojalá los jueces les hagan justicia a los envenenados, es lo que espera el país.