La ‘vulgaridad’ de la abogacía

Otrora decir que se era abogado o que se estudiaba tal carrera era timbre de orgullo familiar y personal, tanto por parte de familias plebeyas como de alta alcurnia que se hermanaban con hijos que se formaban en los claustros universitarios en la ley y el derecho.

Los fundadores de la República, presidentes, así como los más eximios oradores legislativos y creadores de leyes fueron abogados y profesores universitarios de derecho; ese título era signo distintivo de conocimiento, nobleza intelectual y alta moral pública.

Hoy el panorama ha cambiado. Panamá, proporcionalmente hablando, es el país con más alto índice de abogados por habitantes. Hay un licenciado en derecho por cada 183 ciudadanos. Tal índice debería denotar que Panamá es un país de respeto a las leyes.

Lastimosamente, no es así.

La abogacía se ha convertido en una carrera “fácil” para aquellos que sin mayor esfuerzo buscan un título universitario, lo que ha traído como consecuencia una vulgarización y masificación de estos “licenciados” que pululan por las calles, ya que por su cantidad (más de 21 mil y aumentando), no encuentran trabajo ni en el Estado ni en la empresa privada.

De allí que existan tantas quejas ciudadanas sobre abogados deshonestos e ignorantes de la ley y el procedimiento; actualmente, en nuestras cárceles, hay más de una docena de abogados presos acusados de diferentes delitos; igualmente, son centenares las quejas por faltas a la ética que contra ellos tramita actualmente el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados (CNA).

Es necesario poner controles, se habla de un examen de barra, no sabemos si la profesión está preparada para esto, lo que sí es cierto es que no se puede seguir tirando abogados a la calle sin la mínima formación ética y profesional con carreras de tres años, sin tesis e incluso a distancia, eso no es serio, y al final, el país es el que va a sufrir las consecuencias de esta vulgarización de la profesión jurídica.