Opinión - 18/9/14 - 12:18 AM

Politiquería

Redacción

El derecho de acción es una garantía que tiene todo ciudadano dentro de una sociedad democrática de mover a la autoridad competente a actuar frente a un hecho que tenga determinada consecuencias jurídicas tanto individuales como sociales.

Sin embargo, en democracias embrionarias como la nuestra se tiende a abusar de este derecho sobre todo en la esfera penal, y con el prurito de poner a los denunciados “subir y bajar escaleras”, se interponen acciones penales a diestra y siniestra, sin ningún tipo de fundamento jurídico.

Así sucedió inmediatamente después de la invasión, así sucede luego de cada cambio de gobierno, incluso a un expresidente pusieron en este penoso trance, y al final el proceso quedó en nada.

En este andar inútil se pierden recursos que pagamos todos los panameños con nuestros impuestos y que bien podrían aprovecharse para luchar contra los sicarios que acribillan o decapitan a los panameños.

Sin embargo, los extremistas y cabezas calientes de la política, en el afán de congraciarse con el presidente de turno, vienen con el mismo guion de siempre a interponer denuncias sin fundamentos contra funcionarios o exfuncionarios, solo por rivalidades politiqueras.

Acaba de pasar con un exviceministro y una ministra de la gestión anterior, también con el actual fiscal electoral, a quienes quieren “poner a subir y bajar escalera”. Ya se habla que solo se esperan los cambios en la Contraloría y Procuraduría para llenar de decenas de denuncias a los altos cargos de la administración Martinelli, para tratar de ablandar a la oposición naciente.

Por décadas, el propósito siempre ha sido el mismo. Se crea un problema para ofrecer una solución: llenarle los bolsillos al grupito de abogados que siempre han conformado un club, que abre todas las puertas de despachos judiciales y fiscalías.

Y aunque se diga que el Ejecutivo no influye en las decisiones de fiscales y jueces, eso es solo en apariencia. De allí que la administración Varela tiene dos opciones: que el rencor supere la razón y que su gestión se concentre en perseguir a Martinelli y sus ministros, o que se concentre en reactivar la economía que ya está en declive. Lo fundamental es que la justicia no sea arma política para dañar y que se recuerde el viejo adagio: “Los carniceros de hoy serán las reses de mañana”.