Sustracción de materia

Es indudable que el acuerdo entre el gobierno de Juan Carlos Varela y el conglomerado italiano Finmeccanica, que pone fin al diferendo por el tema de los radares, que ahora resulta que son aptos pero inadecuados, tendrá un efecto jurídico en los procesos penales seguidos a José Raúl Mulino y Alejandro Garuz, por supuestos delitos contra la administración pública, relacionados con la compra de los radares.

El propio embajador de Panamá en Italia y negociador del acuerdo, Fernando Berguido, admitió que no hubo “coima” en la negociación de la compra de estos radares.

Por otra parte, los radares no son “inservibles”, sino que son inadecuados a su destino final, por lo que la empresa retirará los que están embalados.

Todo esto tiene un efecto jurídico en los procesos penales seguido a los exfuncionarios, ya que se da el fenómeno jurídico que en derecho civil se conoce como “sustracción de materia”, toda vez que el proceso deviene sin objeto, ya que el objeto de la misma nunca existió.

Lo triste de todo esto es que quedó de manifiesto la deformación profesional que sufren los fiscales anticorrupción, que pretendían ver un delito que no existió nunca.

El empecinamiento de los agentes instructores solo es comprensible a la luz de una consigna política que viene de muy arriba, cuyo norte era mantener la detención de los exfuncionarios a toda costa para satisfacer el odio político y el resentimiento personal.

Lo que sí es cierto es que la figura de Mulino sale fortalecida e incólume en su credibilidad, ante un gobierno que no ha tenido más remedio que recular en su campaña de diatribas contra la empresa italiana y por extensión contra los funcionarios de la pasada administración que de buena fe –caso Mulino y Garuz- negociaron con ella a nombre del Estado.

El propio gobierno varelista, con el acuerdo, ha reconocido que nunca hubo delito, así que lo más honorable que deben hacer es abrir las celdas para que salgan Mulino y Garuz.