Opinión - 02/3/16 - 12:00 AM

Violación de derechos humanos

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Sin duda alguna, constituye un duro revés para la imagen internacional del gobierno de Juan Carlos Varela la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que se pide al mandatario desmantelar el centro de detención de isla Coco, en el Pacífico panameño, ya que constituye un foco de violación de los derechos humanos de los allí recluidos.

Diversas voces venían advirtiéndole al Gobierno Nacional que la existencia de ese centro insular de aislamiento carcelario retrotraía la política penitenciaria nacional a estadios ya superados por la moderna ciencia de la penología.

Empero, los gerifaltes de la seguridad pública local, en contravía de las modernas corrientes carcelarias, insistieron en mantener Punta Coco y ahí está el resultado, que no es otro que la censura y repulsa del organismo referente de la defensa de los derechos humanos a nivel internacional.

Nadie está diciendo que a los delincuentes, asesinos, traficantes de drogas condenados mediante sentencia en firme y ejecutoriada haya que tratarlos como angelitos, porque definitivamente no lo son, lo que se señala es que la privación de libertad, que es la única pena a la que fueron condenados, debe cumplirse con un mínimo exigible de respeto a la vida.

Lo contrario es permitir el entronización del despotismo y desconocimiento de la ley, en el que cualquier abuso de los gobernantes es posible, y ese es el punto al que no queremos llegar.

Que el gobierno de Varela aprenda la lección y entienda que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la cual Panamá es firmante, no puede ser desconocida a capricho por los gobernantes de turno.

Actualmente cursan en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una serie de denuncias contra el Estado por aupar la persecución a adversarios políticos con procesos amañados y justicia selectiva, no dudamos de que así como se pronunciaron en el caso de Punta Coco, el organismo de derechos humanos también condenará las violaciones al debido proceso que a diario se cometen en Panamá.