Dos investigaciones

El nombre de Panamá está en boca de todo el mundo por los llamados Panamá Papers, que involucran a la firma de abogados Mossack Fonseca, propiedad de Ramón Fonseca Mora, hasta hace semanas, ministro consejero del gobierno de Juan Carlos Varela.

En ese escándalo, el gobierno panameñista no se ha tomado la más mínima molestia en distanciarse del cuestionado abogado e incluso da la impresión de que lo protege, a tal punto que no fue sino diez días después del revuelo internacional que el Ministerio Público de la exsubalterna de Varela, Kenia Porcell, decide allanar las oficinas de Mossack Fonseca, dando tiempo a que se diluyan elementos probatorios comprometedores.

En contraste con esto, en el caso de la conocida familia Waked, cuyos miembros han sido acusados de presunto lavado de dinero, el Ministerio Público ha iniciado -casi en el acto- una investigación de oficio sobre las vinculaciones de los Waked con las acusaciones que se les hacen en Estados Unidos.

Este es un claro ejemplo de cómo los engranajes de la Procuraduría se mueven en función de los individuos denunciados. En el caso de los cercanos colaboradores de Varela, han sido lentos, tardos y abúlicos a la hora de actuar.

Si se quería otra muestra de “justicia selectiva”, este es el mejor ejemplo.

Los Waked son competidores comerciales de otras fuerzas económicas que son muy cercanas al gobierno actual, tanto en la Zona Libre de Colón como en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Si los Waked quedan fuera de juego, ¿quién ocupará ese nicho económico? ¡La respuesta sobra!

Por ello, resulta menos que curiosa la rapidez con que Kenia Porcell ordena que se investigue a los Waked y la lerdera en investigar a Fonseca Mora y su combo.

¡Ojo, panameños! Si así tratan a los que tienen, imagínense cómo tratarán a los que no tienen. Este tipo de acción es propio de regímenes autoritarios en que los funcionarios de instrucción se convierten en perros de presa al servicio de los gobernantes. ¡No lo permitamos!