Se escucha por ahí

Que la iniciativa de eliminar subsidios en Panamá para relajar la enorme carga del gasto público es necesaria y urgente, ante los millonarios despilfarros de los recursos del Estado.

Que la iniciativa de reducir el subsidio electoral es prioritaria, pero no solo bajar el monto, sino eliminar esta partida que solo ha servido para beneficiar a unos cuantos "bellacos".

Que se revise el tema de las exoneraciones fiscales a grandes empresas, esa es otra gran verdad y se debe tomar una decisión de una vez por todas. Sectores como puertos, Zona Libre, entre otros, so pretexto de que no pueden ser competitivos, ha sido una gran falacia, porque mientras ellos aumentan sus arcas, el país recibe una miserableza.

Que otro aspecto que debe tomar en cuenta el presidente Mulino es la descarada evasión de impuestos por parte de grandes empresas, gran parte de ellas usando una herramienta gratuita de la DGI.

Que Panamá tiene un grave problema cultural de corrupción. Es un flagelo que ha contaminado al sector público, privado y a la clase trabajadora; no es fácil de combatir, pero tampoco es imposible.

Que en la Asamblea se propuso un anteproyecto de ley que busca beneficiar o incentivar el buen manejo en las calles de Panamá. Lo que se pretende es permitir que al buen conductor, con su historial limpio, se le conceda por parte de las aseguradoras un 25 por ciento de la póliza de auto.

Que ya era hora de que el buen ciudadano se vea beneficiado. No es posible que al que no paga o incumple con sus obligaciones sea quien siempre salga favorecido con la condonación de la deuda.

Que mi abuela Chencha pregunta, ¿cuál es el problema que hay con el bendito arroz? Por un lado, los productores dicen que hay arroz suficiente para el año, pero por otro, el Gobierno aduce la necesidad de la importación del producto porque no pueden aventurarse a un desabastecimiento. ¿Qué hay detrás de todo esto? A propósito. ¿Qué pasó finalmente con los millones que se destinaron al sector arrocero para la venta del rubro especial o de primera y que nadie ha dicho más nada?

Que el Ministerio Público sigue en modo pausa con las denuncias que se publican en medios y en redes sociales sobre los hermanos Cortizo y ni hablar de Gaby “4x8=40”. No solo Cachaza es un tortugón.

Que los millones destinados a juntas comunales sin informes de rendición de cuentas, las irregularidades en el programa de Auxilio Económico del IFRHU, los 600 millones de PANDEPORTES y el escándalo en la DGI nos muestran que en el Estado hay una grave estructura de corrupción, de la cual la sociedad tampoco escapa.

Que, para un sector de la sociedad civil, el Gobierno debe atacar en su combate contra la corrupción lo que ocurre en las notarías y consulados. Son millones de dólares que no entran al Tesoro Nacional, sino que van a parar al bolsillo de los encargados de estas oficinas. Ya es hora de que pongan orden.

Que se tienen identificados desde ya a los sectores que volverán a fregar sobre la mina. Esta es una industria que produce riqueza a los países siempre y cuando se le conceda al Estado el porcentaje o beneficio que merece por ser dueño de las tierras. No se dejen llevar por falsas campañas negativas.

Que el expresidente Martinelli le recuerda al presidente Mulino que el sistema judicial panameño es corrupto e inoperante y eso debe ser una prioridad del gobierno.