Denuncias

Durmiendo “el sueño de los justos” se encuentran seis denuncias penales que han sido presentadas contra la procuradora general de la nación, Kenia Porcell, por delitos que incluyen abuso de autoridad, omisión de funciones y violaciones constitucionales.

Al procurador de la administración, Rigoberto González Montenegro, es a quien por ley le corresponde investigar a Porcell, empero, son públicas y notorias las relaciones de amistad entre ambos funcionarios, lo que al parecer incide en el inicio de estas sumarias.

Tal situación constituye una denegación de justicia a los ciudadanos que confían en que los funcionarios también deben responder por sus acciones u omisiones culposas y dolosas, pero si Montenegro no investiga a Porcell como corresponde o se declara impedido para que otro funcionario investigue, entonces estamos ante una omisión palpable de su responsabilidad pública.

El hecho concreto es que la impunidad con la que actúa la jefa del Ministerio Público, a la que las denuncias no la alcanzan, denota que la función instructora está politizada y mediatizada.

Es inaceptable la pasividad y actitud timorata del procurador de la administración, quien viola flagrantemente lo que preceptúa el artículo 5 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, que le señala la responsabilidad de investigar a la jefa del Ministerio Público.

La justicia en Panamá no puede ser sesgada por el favoritismo y la selectividad porque cuando los ciudadanos pierden la fe en sus instituciones, lo que se impone es el caos y la anarquía, que terminarán por extraviar el rumbo de la nación.

A Montenegro, que cumpla con su deber o se eche a un lado y que otro funcionario de su dependencia inicie la investigación, es necesario por salud y moralidad pública.