Fracaso de la justicia

Un reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que la excesiva y deleznable práctica de abusar de la medida cautelar de la detención preventiva constituye un fracaso en la administración de justicia en la mayoría de los países de América Latina.

Nada más cierto, sobre todo en Panamá, donde el Ministerio Público ha utilizado esta medida cautelar no como la última ratio que se pone en práctica, cuando todas las demás han fallado, sino como la primera medida para aplicar, lo que la convierte de hecho en una pena anticipada.

Emblemático es el caso del exministro de Seguridad José Raúl Mulino, a quien se le decretó la detención y la sufrió durante muchos meses y resulta ahora que un tribunal decretó la nulidad parcial del expediente, por groseras infracciones al procedimiento, que a la postre resultaron violatorias del debido proceso legal.

¿Quién le paga ahora a Mulino por los daños morales y materiales que le provocó el injusto encierro ordenado por el Ministerio Público? El exministro pudiera demandar civilmente al Estado por fallas en el servicio de administración de justicia, y estaría en todo su derecho.

Esa es la otra cara del abuso en la detención preventiva, que al final el Estado queda pagando, pero los funcionarios que ordenaron la abusiva medida quedan impunes.

Debería legislarse sobre la responsabilidad solidaria del funcionario, por defectuosa prestación del servicio en el cargo que ostenta, para que también pague, pecuniariamente al menos, por las órdenes abusivas impartidas y que ocasionen daños a terceros.