Legítima defensa

La reciente muerte de un delincuente, que entró a robar en una residencia, a manos del propietario de la vivienda, reaviva el debate de la inseguridad pública y el derecho de los ciudadanos a la legítima defensa, frente a un ataque a su vida y sus bienes.

Dice un aforismo jurídico que "nadie está obligado a soportar lo injusto", por lo que es lícito defender la vida y bienes frente a una agresión no buscada, actual y la que no se pueda escapar de otra manera.

Lo malo es que nuestras autoridades investigativas se han puesto quisquillosas a la hora de aplicar esta excepción de culpabilidad.

Ejemplo de lo señalado fue un caso ocurrido en el interior del país, donde un ciudadano lesionó a un intruso que entró a hurtar en sus siembros. Resulta que ahora tiene que correr con los gastos médicos del perpetrador.

Es una realidad, y así lo repiten las autoridades, que los ciudadanos somos la primera línea de defensa ante el delito, por lo que resulta un contrasentido censurar a priori al que se defiende justamente de un ataque injusto.

Es una lástima que se haya perdido una vida humana, sobre todo tratándose de un adolescente que escogió el camino del delito, pero la realidad es que todos los actos tienen su consecuencia, y esa fue la retribución por tomar la equivocada decisión de ir a hurtar en casa ajena.

Ojalá las autoridades entiendan que frente al clima de inseguridad que vive Panamá y la evidente incapacidad oficial para proteger a la sociedad, los asociados tengan entonces que protegerse a sí mismos, con las imprevisibles consecuencias que esto acarrea.