Seguridad Jurídica: ¿Realidad o Mito?

Desde nuestro advenimiento como país independiente, el órgano judicial y el ministerio público ha sido utilizado como instrumento de poder. La Constitución, la ley y nuestros derechos han sido pisoteados, en la vorágine de arrogancia de poder que ha caracterizado a gobierno tras gobierno. Magistrados, Jueces y Fiscales han desconocido nuestros derechos humanos. La constitución y la ley, han resultado ser letra muerta. Se ha demostrado que, como país, los tratados y los convenios internacionales que suscribimos, dependen de los intereses del político de turno.

Y lo más deplorable del escenario antes descrito, es que no pasa nada. Ya no tiene vigencia la frase de Arnulfo Arias, de que “tongo botado, no pone boleta”. Nadie duda que Varela sigue dando órdenes en el gobierno de Nito Cortizo, y lo que es peor con su anuencia. Que el procurador General de la Nación, Ulloa sigue encubriendo, tolerando y hasta protegiendo, los corruptos del gobierno anterior, y los desmanes de los fiscales designados por Kenia Porcell, que solo obedecen órdenes del expresidente, como lo demostraron los Varela Leaks.

Uno de los más connotados adláteres de Varela, no hay duda alguna que lo es Tania Sterling y su principal colaborador y quizá el más connotado, es el Licdo ADECIO MOJICA PEÑA, quien se supo, no respeta ni habeas corpus ni recursos de amparos, y es bastante prolífico generando medidas cautelares y detenciones preventivas, cuando de defender posiciones del gobierno anterior se trata.

Si bien es cierto, la fiscal Sterling quizá tenga un motivo para su resentimiento generalizado, porque le negaron su acceso a la corte, la única razón que puede tener el fiscal Mojica, es la

lealtad sin precio ni duda, que pueda tener a esta última. Todos vimos como, por ejemplo, el gobierno anterior, logró controlar a su antojo magistrados de la corte suprema de justicia, jueces y agentes del ministerio público, a quienes empleó de sicarios y ejecutores de sus caprichos para torcer brazos y voluntades.

Durante mucho tiempo, presentar denuncias, quejas y acusaciones, no sirvió de nada porque el poder económico, que hoy día sigue designando al poder político, tiene el control de darle a cada uno o suyo o lo que se cree se merece, que no es lo mismo que impartir justicia igual para todos. El que no tenia o tiene poder político, debe tener dinero a manos llenas para lograr que se le haga justicia, en este mercado de sentencias y resoluciones. Dinero para dar a los operadores judiciales venales, y para darle a corruptos letrados sobornadores que son los que intermediarios en el negocio.

La verdad es que, debido a esta situación, deplorable e inmunda, por cierto, hemos visto abogados de todas las clases sociales, participar en el tráfico judicial, con lo cual quedan inhabilitados para confrontar en derecho a estos nuevos sicarios, de las mafias que controlan los estrados judiciales, permitiendo injusticias de todo tipo, y que, denunciadas, la solución seria inmediata. Pero no pueden hacerlo, y su cliente es victima de los peores atropellos y arbitrariedades.

Y no se atreven a denunciar nada, porque esos mismos jueces, fiscales y operadores judiciales, hoy sirven a otros amos, y cualquier movimiento en su contra, daría como resultado una represalia de efectos negativos al intermediario de turno. Quien se acostumbra a comprar resoluciones y sentencias, jamás logra percatarse cuando tiene la razón o no la tiene. De allí la perversión que todavía existe, y la arrogancia de jueces y fiscales. Todos hemos sido testigos que cuando a estos malos juristas se les niega algo, aun cuando todo el país, se percata que tienen la razón, ellos indignamente se arrodillan, y con el cuento del acatamiento de la ley, se arrastran, admitiendo lo injusto como válido. Renuncian al derecho de oponerse. ¿Qué seguridad jurídica puede ofrecerse en un país donde la justicia es un instrumento para imponer la arrogancia de poder?

La seguridad jurídica es la «certeza del derecho» que tiene el individuo de modo que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares y conductos legales constitucionalmente fijados. Solo la constitución y la ley, pueden fijar las reglas, no los “forros” de un fiscal, juez o magistrado, y es responsabilidad del primer policía de la nación, el procurador general, el Licdo. Ulloa, imponer los correctivos cuando alguien querelle o denuncie, una actuación de un servidor público de su despacho, que de alguna manera, lesione los bienes y derechos injustamente, y si esto último llegara a producirse, garantizarle que los mismos le serán asegurados por la sociedad, la protección y reparación de aquellos. Eso es la seguridad jurídica que todos anhelan.