Diálogo y rechazo

La Universidad de Panamá, por medio de su rector, Eduardo Flores, recomendó la derogatoria del Decreto Ejecutivo 130, sobre normas de actualización catastral, y el establecimiento de una mesa de diálogo con todas las partes interesadas para discutir esta y otras normas, las cuales se han convertido en espada de Damocles contra el bien más preciado de todos los panameños: sus viviendas.

La sugerencia de Flores es necesaria y oportuna, toda vez que el gobierno de Juan Carlos Varela no ha cumplido con su promesa de iniciar una jornada de consulta ciudadana sobre el Decreto 130, el cual fue suspendido, luego de que amplios sectores del país se pronunciaran en contra del mismo.

Lo cierto es que el decreto de marras es apenas la punta de una problemática profunda, que debe ser examinada de buena fe y con un criterio de solución favorable a las grandes mayorías nacionales; nos referimos al anacrónico impuesto de inmueble, el cual debe ser adecuado a las modernas necesidades fiscales de país, pero de ninguna manera con un carácter confiscatorio.

Es urgente e imperativo convocar a esta mesa de diálogo, pero también es necesario que el pueblo conozca quiénes son los políticos que, a ultranza, se han convertido en aliados del varelismo en defensa del Decreto 130, que crea las condiciones para la expropiación de las casas a la familia panameña.

Esos políticos, que traicionaron el mandato de oposición que les dio el pueblo y que se han aliado a los que promueven medidas antipopulares, el castigo que merecen es no ser reelectos en los comicios del 2019.

Esa misma “raya” se la tiene que pasar el pueblo a los diputados que no se han pronunciado en contra del Decreto 130 o que tratan de justificar o minimizar sus nefastos efectos.