Opinión - 08/6/18 - 12:00 AM

Precarismo

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Si bien es cierto la usurpación de terrenos es un delito penado por la ley, el precarismo e invasión de tierras ajenas es un problema de nunca acabar, por lo que el Gobierno debe prestarle atención para evitar repetir los hechos que se dieron recientemente en Arraiján con un grupo de invasores.

La invasión de terrenos privados o estatales ha sido de nunca acabar, producto de la falta de sucesivos Gobiernos de darle solución al problema de la vivienda de las clases populares y del paternalismo con que, históricamente, se enfrentó esta problemática.

Durante la época de los militares, aún en la era democrática, cada vez que se producía una invasión de tierras, los Gobiernos lo que hacían era legalizar el despojo de los que eran víctimas los legítimos propietarios, incluso el patrimonio oficial, todo con el fin de congraciarse con los invasores en aras de mantener una “paz social” mal entendida.

Así se institucionalizó una suerte de negociado de tierras, en los que los principales beneficiarios fueron los llamados “precaristas profesionales” que azuzaban a gente pobre a tomar terrenos ajenos y luego ellos acaparaban gran cantidad de lotes, negociando su venta a terceros.

Lo cierto es que por un lado, quienes incurren en el delito de invadir tierras privadas deben entender que están cometiendo un delito, pero el Gobierno debe buscarle respuestas a esta gente para su problema, aunque dentro del marco del respeto a la ley y con un sentido de solidaridad humana que no degenere en el consabido paternalismo estatal.


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