Continúan investigaciones por incendio en cárcel de Venezuela
El centro de detención preventiva de Carabobo albergaba a 200 reclusos, pese a que su capacidad instalada es de 30 internos.
El Parlamento venezolano pedirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visite y evalúe el sistema carcelario del país tras la muerte el pasado miércoles de 68 personas en un incendio en una comisaría en Valencia, capital del céntrico estado Carabobo.
La Cámara, de mayoría opositora, que también designó hoy durante su sesión ordinaria una comisión especial de investigación sobre uno de los peores sucesos en un centro de reclusión en el país en los últimos 25 años y por el que, de momento, hay cinco policías detenidos.
El diputado por Carabobo Carlos Lozano presidirá una comisión que también está formada por el parlamentario y abogado constitucionalista Juan Miguel Matheus, la presidenta de la Comisión de Política Interior, Delsa Solórzano, y los legisladores Richard Blanco y Dennis Fernández, todos opositores.
Este organismo se encargará de llevar a cabo las "investigaciones conducentes para el establecimiento de las responsabilidades penal, civil y administrativa" de unas muertes por incendio que se dieron, según el Ministerio Público (MP), derivadas de un intento de fuga.
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Buscará a los posibles responsables entre los funcionarios que el Parlamento considera implicados y que comienzan con el presidente Nicolás Maduro, la ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, el titular de Interior y Justicia, Néstor Reverol y el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava.
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Varela aseguró ayer que su ministerio no tiene competencia sobre los detenidos en las comisarías y señaló que Venezuela "exhibe el mejor sistema penitenciario del mundo".
La Asamblea Nacional (AN, Parlamento), decidió también hoy impulsar "un marco normativo apropiado para la reforma integral del sistema penitenciario venezolano", y que es considerado por el Legislativo como "el pero del mundo".
Durante el debate sobre el suceso de Carabobo, se dio derecho de palabra a Wilcar González, una de los familiares de los fallecidos , que pidió justicia por la muerte de los 66 presos, uno de ellos su marido, y dos mujeres que estaban de visita.
"Queremos que los cuerpos sean exhumados primeramente porque (...) hay muchos familiares que dicen que sus tíos, sus esposos, sus hermanos tenían impactos de bala", dijo González, quien aprovechó para denunciar que en la comisaría había "mucha corrupción" y que debían pagar para poder visitar a sus parientes detenidos.
