CorteIDH evalúa la validez del indulto a Fujimori (Video)

El representante de las víctimas añadió en declaraciones a Efe que el indulto humanitario fue entregado en tiempo récord como si Fujimori fuera un enfermo terminal.
Una de las víctimas de la masacre de La Cantuta, Carmen Cóndor, hermana del estudiante asesinado Armando Amaro Cóndor, manifestó ante los jueces que el hecho de pedir la supervisión de sentencia no es un acto "odio o de venganza, sino de justicia".
"Un indulto no es humanitario, significa un insulto a la memoria y la dignidad de nuestros hermanos, padres e hijos. Venimos aquí a levantar la voz por cada una de las víctimas, el indulto nunca será justicia es impunidad y significa que no es humanitario sino político", afirmó Cóndor.
Por su parte, la representación del Estado peruano sostuvo que a Fujimori se le ha otorgado un indulto humanitario por razones médicas, por padecer de graves enfermedades permanentes y porque la prisión agrava la condición, que puede llegar hasta ocasionarle la muerte.
"El indulto no es impunidad, la impunidad es la falta de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena. En el caso del condenado Fujimori el Estado lo procesó, lo juzgó, lo condenó a la pena máxima y ha cumplido casi la mitad de la misma", afirmó en la audiencia ente la Corte el agente del Estado Jorge Villegas.
En una conferencia de prensa posterior a la audiencia, Villegas junto con el agente Adrián Simons, indicó que la vía pertinente para discutir la validez o nulidad de un indulto es acudir a la justicia nacional y no a la Corte Interamericana.
"No hemos venido a defender a Fujimori ni al presidente Kuczynski defendemos el derecho del Estado de aplicar un indulto y el derecho del Estado de controlar ese indulto", destacó Villegas.
Fujimori fue condenado por la Justicia peruana en 2009 a 25 años de cárcel por la autoría mediata (con dominio del hecho) de las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, en las que murieron 25 personas, y el secuestro de un periodista y un empresario en 1992.
La Corte Interamericana también condenó a Perú por estos casos en el año 2001 por Barrios Altos y en 2006 por la Cantuta, y ordenó al Estado castigar a los responsables.
El director para las Américas de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo a Acan-Efe luego de la audiencia que "es importante para el Gobierno de Perú disfrazar esta decisión, que es evidentemente política, como un indulto humanitario".
"Hay suficientes evidencias que demuestran que esto fue simplemente el resultado de una vulgar negociación política para impedir que el presidente Pedro Pablo Kuczynski fuera objeto de un juicio político", aseveró Vivanco.