Caraballo sigue protegiendo a fiscales cuestionados

Pese a las múltiples quejas y denuncias que han sido sustentadas en contra de algunos fiscales por ilegalidades cometidas, el procurador encargado, Javier Caraballo, los sigue manteniendo al frente de casos sensitivos.

Un grupo de fiscales promovidos en la administración de la exprocuradora, Kenia Porcell, han estado en el ojo de la tormenta por una serie de ilegalidades cometidas, sobre todo en casos considerados de alto perfil, entre las que están: inventar testigos protegidos, crear informes policiales con “fuentes anónimas” y armas casos desde el Consejo de Seguridad.

Sumado a estas irregularidades, también son señalados de presionar a testigos, realizar conferencias, violando la presunción de inocencia de algunas personas, dilatan audiencias, haciendo solicitudes para que sean elevados a “causa compleja” y mantener detenciones “arbitrarias”.

Algunas de estas irregularidades cometidas han sido dejadas en evidencias en algunos casos que han sido llevados a el estrado, como el denominado pinchazos, en donde el exmandatario, Ricardo Martinelli, fue declarado dos veces no culpable por seis jueces.

En este proceso, el exgobernante fue juzgado gracias a unas declaraciones del testigo protegido, Ismael Pittí, un cabo de la Policía Nacional (PN), al cual después de inculpar a Martinelli, fue nombrado en un cargo diplomático, cargo en el que ha devengado más de un millón de dólares en salario, desde el 2014.

Otro caso fue el del testigo protegido “Euro 14”, quien confesó recibir presiones de exfuncionarios del Gobierno de Juan Carlos Varela, cuando acudía a rendir declaraciones en la Fiscalía Especial Anticorrupción, por un proceso relacionado al Programa de Ayuda Nacional (PAN).

Frente a estos dos ejemplos y otros, Alfredo Vallarino, presidente de la Asociación Panameña de Abogados Penalistas (APAP), indicó que no solo es lamentable que los testigos estén mintiendo, sino que hay serios indicios de que desde el MP se les está avalando y en algunos casos hasta auspiciando.

“Un fiscal puede designar a un testigo protegido, pero un policía no puede decir que tiene fuentes anónimas, de entero crédito y no revelarlas, porque es algo que va contra el derecho de defensa. Aquí en Panamá se están dando detenciones permitidas por jueces y magistrados, donde la única vinculación que tienen es que un policía dijo que tuvo una llamada anónima”, sentenció.

Vallarino se refirió al caso de los siete jóvenes asesinados en el “bunker de Colón”, donde gracias a dos informes anónimos de la Policía, se tuvo a un joven detenido por 30 días.