Cciap: Presupuesto debe priorizar inversión en educación y justicia

Panamá- El Presupuesto General de Estado para la vigencia fiscal 2024 debe enfocarse en una política fiscal responsable y eficiente que fomente la reducción del gasto de funcionamiento y priorice la inversión pública en áreas estratégicas como la educación y la justicia.

En su boletín dominical, este gremio de comerciantes asegura que se debe reducir significativamente en el gasto de funcionamiento, incremente el ahorro corriente y destine recursos, de forma prioritaria, a la inversión pública, entre estos a la transformación educativa, ya que los requiere de forma urgente, es la opinión de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (Cciap).

También plantean que es urgente que se haga una revisión exhaustiva en el gasto de funcionamiento que permita optimizar los recursos disponibles, tomando en cuenta que el presupuesto destinado para el próximo año, en comparación con el actual, presenta un aumento de un 20%, es decir, unos B/. 5,175 millones.

"Uno de los puntos principales en esta área es el análisis detallado de la planilla estatal: reducir el número de posiciones innecesarias y eliminar duplicidades en la administración pública. Los datos muestran que durante los años 2020 al 2023, el gasto en planilla alcanzó la preocupante cifra acumulada de B/. 15,341 millones, lo que evidencia la necesidad de un enfoque eficiente en esta área!, detalló el gremio.

De igual forma, aseguran que es vital revisar las leyes especiales que generan un aumento en el gasto de planilla, pues en la mayoría de los casos se efectúan haya una evaluación de desempeño que sustente estos incrementos. Durante el mismo periodo mencionado, se destinaron B/. 2,532 millones a este concepto. Esto hace primordial que se haga una evaluación de aquellas leyes que no contribuyen al desarrollo de la sociedad y que permitirán liberar recursos para la inversión como único vehículo hacia la prosperidad a largo plazo.

También alegan que la importancia de las finanzas públicas y la responsabilidad fiscal radica en su capacidad de mejorar la calidad y eficiencia del gasto público, por lo cual "garantizar una adecuada relación costo-beneficio es esencial para promover el progreso social", a lo que se le suma la transparencia en la publicación oportuna de las cifras de ejecución presupuestaria es crítica, pues la rendición de cuentas permite que la sociedad análice y meda la efectividad del gasto público.

Aseguran que la inversión en sectores estratégicos como la educación, es una apuesta acertada, ya que al fortalecerlo, asignándole el 7% del PIB en el presupuesto de 2024 (equivalente a B/. 5,735 millones), es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, consideran que "es importante recordar que el objetivo no es solo incrementar el gasto, sino mejorar la calidad de nuestro sistema de manera significativa y medible, esto es clave para mejorar la vida de los panameños".

Alegan que es alentador que el presupuesto nacional de 2024 contemple el 100% del monto solicitado (B/.700 millones), para la justicia, ya que así se garantiza la efectividad de los programas y actividades. Dado el contexto actual de lucha contra la corrupción y la búsqueda de justicia en el país, es esencial que los presupuestos del Órgano Judicial y del Ministerio Público sean acordes con la importancia de sus funciones y los resultados esperados. La independencia, seguridad y calidad de la justicia son fundamentales para consolidar el Estado de Derecho, asegurar los derechos de todos los ciudadanos, y un ambiente de negocios robusto.

Plantean que el cumplimiento de las obligaciones de cuentas por pagar a proveedores por parte del Estado es un punto crítico que debe abordarse, ya que la falta de agilidad en estos procesos afecta negativamente a cientos de empresas, especialmente a las pequeñas y medianas, que dedican recursos significativos para brindar bienes y servicios al Estado. Esta situación, marcada por la burocracia y las prolongadas demoras en los pagos, genera incertidumbre en el sector privado y afecta el desempeño tanto de las empresas como de la población en general.

Para la Cciap, la transparencia en la gestión de los recursos públicos y el cumplimiento de las obligaciones con los proveedores son aspectos críticos para alcanzar un desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de todos los panameños. Un enfoque centrado en resultados y la optimización de los recursos serán clave para el progreso y bienestar de la nación.

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