Doble Plan del PRD: inhabilitar a RM y tomarse Epasa

Los objetivos del Gobierno del Partido Revolucionario Democrático (PRD), con el caso New Business, han sido inhabilitar políticamente a Ricardo Martinelli y apropiarse de los medios de comunicación del Grupo Editorial Epasa, que publica los diarios Panamá América, Crítica y el Día a Día.

Ante esto, el abogado Luis Eduardo Camacho González, comentó que el Ministerio Público (MP), en conjunto con un jurista y un grupo de coimputados, luego de que Martinelli pudiera demostrar la licitud de los fondos aportados para la compra de Epasa, empezaron a crear otra versión de los hechos en este caso.

El letrado afirmó que desde el día número uno en que se inició este proceso, el objetivo siempre ha sido Martinelli y adueñarse de un grupo de medios de comunicación social, críticos al Gobierno de turno.

“Se trata de un plan en el cual el Ministerio Público participó y no es coincidencia que William Moore, pasó a ser abogado de cinco personas dentro de este expediente y las cinco salen del caso, es decir, todos desaparecen del expediente”, aseveró el defensor.

Agregó que cuando estas personas salen del expediente, los fondos que tenían relación con los mismos, con una simple declaración, pasan a ser atribuidos al candidato Martinelli.

“Es decir, nosotros tenemos que justificar los fondos de terceras personas , pero es importante aclarar que los fondos que se le pretende atribuir a Ricardo Martinelli, que no guardan relación con él, tampoco el Ministerio Público demostró que procedieran de fuente ilícita”, dijo.

En el fallo, unos de los fondos que tanto se mencionan son de la empresa Condotte y la jueza Baloísa Marquínez, en su argumentación dice que esos fondos provienen de peculado y el argumento que ella usó para eso, fue una investigación donde se investiga a dos exdirectores de Pandeportes, pero no se investiga a la empresa que es la que está dentro del proceso.

Añade Camacho González, que además de esto, esa misma empresa resultó liberada de cargos e indemnizada por parte del Estado panameño, por lo que se deja en evidencia que la sentencia del caso New Business, en contra de cinco personas, incluyendo a Martinelli, no tienen ningún tipo de fundamento y que se usaron pruebas sin ningún valor probatorio.

Camacho González también se refirió al tema de los testigos protegidos, donde la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, así como de los organismos internacionales, entre ellos la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité de Derechos Humanos de la ONU, han sido puntuales en señalar que no puede haber testigos protegidos sin rostro. Además de esto, la parte afectada tiene el derecho a contradecir, algo que no fue permitido por la jueza Baloísa Marquínez, la cual impidió que los mismos comparecieran al juicio oral, por los cuales esos testimonios no tienen ningún valor.

El abogado Camacho González, reiteró que la decisión tomada por la jueza Marquínez es arbitraria, por lo que el pasado 28 de julio presentaron formal apelación al fallo dictado en el caso New Business.

Puntualizó que la jueza al final de su fallo concluye que se demostró que todos los fondos aportados por Martinelli son lícitos.

Por su parte, el abogado Alejandro Pérez, manifestó que la condena impuesta por la jueza Baloísa Marquínez, de más de 10 años de prisión a Ricardo Martinelli, el pago de una multa de unos 19 millones de dólares, así como el comiso del Panamá América, Crítica y Día y Día, es aberrante y no tiene ningún tipo de sustentó jurídico.