Atropello y debido proceso

Bajo el remoquete de “operativo humanitario”, más de un centenar de familias que habitan Cerro Galera en Veracruz han sido desalojadas de sus viviendas, en medio de una acción de fuerza que cobró la vida de una persona.

Lo cierto es que esos ciudadanos tenían más de 15 años de estar en el lugar, la mayoría de las viviendas eran construcciones de bloque y cemento y contaban con servicios públicos de electricidad y suministro de agua potable.

Lo cierto es que a esas tierras les pusieron el ojo poderosos intereses económicos, que han previsto que las mismas pueden servir de base a un millonario proyecto, con pingües ganancias para promotores, socios y ayudadores.

Lastimosamente, cuando esto sucede el que paga el parto es el humilde, en este caso familias con niños nacionales que han sido arrojados abruptamente de su hábitat, con el respaldo de los antimotines de la Policía Nacional, que va esto de “humanitario” no tiene nada.

Lo cierto es que esos desalojos se han hecho violando el debido proceso legal, ya que con antelación se requiere del pronunciamiento de las autoridades administrativas de policía, lo cual no ha sucedido.

Si en Panamá hay leyes –y debe haberlas- una Acción de Amparo de Garantías Constitucionales debe de detener este atropello, que ya cobró una vida, toda vez que se ha realizado con engaños.

No dudamos que la muerte de una humilde mujer tendrá consecuencias civiles y penales, para los funcionarios que ordenaron y ejecutaron el atropello.