La ley y el orden

Es una realidad que la criminalidad está acabando con el país y es la principal preocupación de los panameños, ya que cuando la vida y los bienes no están seguros, todo lo demás pasa a segundo plano.

Pero la delincuencia es un árbol que tiene un inicio pequeño y va creciendo paulatinamente hasta ser incontenible.

Las conductas antisociales, que eventualmente se convierten en criminales, nacen de la inobservancia de las normas más elementales de convivencia social, las que se van extendiendo en el tiempo hasta finalmente convertirse en delito.

Si un ciudadano muestra un desprecio olímpico, por ejemplo, por las normas de tránsito, por las normas de aseo, por las normas que regulan el ruido, poco a poco va perdiendo el respeto a la autoridad.

En este punto, la administración pública tiene su cuota de responsabilidad en las conductas antisociales que luego devienen en criminales.

Los funcionarios indiferentes, pusilánimes y corruptos para con el debido cumplimiento de la ley y los reglamentos son los que propician que los ciudadanos no teman ni obedezcan las leyes y los reglamentos.

La función de la ley es mantener el orden social, pero a esta creación legislativa abstracta y general, el funcionario debe darle concreción al momento de ejecutarla.

Si quien ejecuta la ley para poner orden no lo hace, lo que florece es el desorden social, que luego deriva en las conductas delictivas.

La ley debe ser aplicada en las conductas más simples del asociado para prevenir futuras conductas antisociales.

Si se pasó la luz roja, si arrojó basura a la calle, si hace ruido excesivo, sanciónelo, solo así evitaremos que el transgresor impune de hoy sea el asesino o ladrón de mañana.

La observancia de la ley se inicia con las pequeñas cosas, pero si la autoridad no actúa con mano firme en lo pequeño, será incapaz de actuar en otros casos más complejos en los que estén comprometidos bienes jurídicos de cardinal importancia.