Comisionados varelistas se mantendrán presos en sus casas

La información sobre los resultados de la apelación fue confirmada y divulgada por el Ministerio Público, a través de su cuenta de Twiiter.
Comisionados varelistas se mantendrán presos en sus casas

Por: Redacción Crítica -

Los ocho imputados por el delito de posesión, tráfico de armas y explosivos, aprehendidos en operación Furia, se mantendrán con las medidas cautelares impuestas en primera instancia por un Juez de Garantías, según decisión del Tribunal de Apelaciones.

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La información sobre los resultados de la apelación fue confirmada y divulgada por el Ministerio Público, a través de su cuenta de Twiiter.

 Audiencia de imputación de cargos

El Juez de Garantías Erick González dictó el arresto domiciliario para los exdirectores de la Policía Nacional, Omar Ariel Pinzón; el del Senan, Belsio González y del Senafront, Frank Ábrego, por tráfico de armas, entre ellos, 13 fusiles IWI, modelo X95, Calibre 5.56/.223.

La audiencia de garantías se realizó la semana pasada. Al exdirector Institucional en Asuntos de Seguridad Pública, Luis Zegarro y a dos civiles, entre ellos, el empresario Jack Betesh, se le aplicó también arresto domiciliario. Al mayor Juan Pineda y a un civil, se le dispuso un reporte periódico.

La investigación que ya acumula 30 tomos debe extenderse por seis meses.

Los cargos que se le imputan a los altos cargos de los estamentos de seguridad tienen hasta 20 años de prisión.

El fiscal Emeldo Márquez pidió la imputación en base al artículo 335 del Código Penal, el cual establece que quien, sin estar legalmente autorizado, fabrique, transporte, venda, compre, traspase, introduzca, saque o intente sacar del territorio nacional, explosivos o armas de fuego de cualquier naturaleza, modelo o clase, sus componentes o municiones, será sancionado con prisión de 12 a 15 años. La sanción se aumentará de un tercio a la mitad si el agente se vale de documentos falsos o alterados para realizar cualesquiera de los actos señalados y se la transacción se realiza en nombre del Estado panameño o si excede los términos del mandato 3.

El caso investigado por la Fiscalía Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada se remonta al 11 de marzo del año 2019, cuando la Unidad Especial de Informaciones Sensitivas abrió la carpeta 201900014171 en base a la información de un "testigo protegido".

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