Suspenden audiencia

La defensa de los acusados en el crimen de dos profesores de inglés, ocurrido en mayo del 2014 en Chitré, provincia de Herrera, solicitó un acuerdo de pena que permita la resolución del caso, que conmocionó a la opinión púbica del área por lo horrendo del homicidio. Los dos implicados en el caso, César Augusto Rodríguez Lanza, alias Cesarín, oriundo de la ciudad capital de 26 años de edad; y José Manuel Rosas, de 21, estuvieron presentes en la audiencia que inició a las 8:40 de la mañana, que fue suspendida media hora después para reprogramar una nueva fecha. Los familiares de los profesores Rubén Burgos y Edgardo Ríos, también se encontraban presentes en la audiencia, y aceptaron la solicitud de la defensa pública de los implicados, para llegar a un acuerdo de pena. Ambos implicados se encuentran detenidos en la cárcel pública de Chitré desde el 11 de junio de 2014, cuando fueron aprehendidos en la provincia de Coclé bajo investigación por el crimen ocurrido el 24 de mayo del mismo año. La fiscal de Homicidios de Herrera, Edilma Flores, explicó que la Fiscalía había pedido una pena superior a los 40 años en caso de que los acusados fueran a juicio, tiempo que podría disminuir ya que la regulación permite rebaja de la pena si se logra negociar un acuerdo. La Fiscal aseguró que hasta la fecha, ninguno de los implicados se ha declarado culpable, sin embargo se han presentado las pruebas para debatir en caso de un juicio, por lo que correspondería al tribunal valorar las mismas. Durante la audiencia celebrada en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio de Herrera, se determinó que la nueva fecha para la audiencia, en la que se podría llegar a un acuerdo para evitar el juicio, será el jueves 16 de julio. Yazira Ríos, hermana del docente Edgardo Ríos, indicó que confía en la justicia divina y en la terrenal, por lo cual aceptó en nombre de su familia el acuerdo de pena para los implicados. Mientras que la madre de Rubén Burgos, dijo en medio de las lágrimas que esperará conocer el acuerdo a que llegue la Fiscalía, para determinar si lo aceptarán. “Ya veremos qué pasa”, dijo Petra Ureña, madre del docente.