Tribunal del Vaticano abrumado por denuncias de abusos

La oficina del Vaticano que investiga los posibles abusos sexuales de parte de sacerdotes recibió 1.000 denuncias de todo el mundo este año y todavía no han llegado las de algunas regiones.

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La Congregación para la Doctrina de la Fe está desbordada y su escaso personal no da abasto para manejar semejante volumen de denuncias, que es cuatro veces el de hace una década.

“Tenemos un tsunami de causas en estos momentos, sobre todo de países de los que nunca habíamos recibido nada”, expresó monseñor John Kennedy, director de la sección disciplinaria de la congregación, que es la que procesa esas causas.

México, Chile, Italia y Polonia se han sumado a la lista de países que más denuncias hacen llegar a la congregación. El propio papa Francisco promovió una mayor transparencia esta semana con su decisión de abolir el “secreto pontificio” que regía en los casos de abusos. Al hacer el anuncio, el Vaticano dijo que esta reforma facilitaría la cooperación con las autoridades civiles.

La Congregación, no obstante, sigue enfrentando obstáculos, que son emblemáticos de todo lo que no funciona con el sistema legal del Vaticano, manejado por obispos y otras figuras de la iglesia, algunas de las cuales no tienen experiencia en jurisprudencia. A menudo sin abogados especializados en derecho canónico.

Como consecuencia de esto, el Vaticano tiene problemas para lidiar con un flagelo que cobró estado público en Irlanda y Australia en la década de 1990, en Estados Unidos en el 2002, en partes de Europa a partir del 2010 y en América Latina el año pasado.

La Congregación procesa estas causas y también hace de tribunal de apelaciones al que recurren los sacerdotes en el marco de las leyes canónicas, un sistema legal paralelo que imparte la justicia eclesiástica. En el pasado, cuando se llamaba la Santa Inquisición, los castigos de la Congregación incluían quemar a los herejes en una hoguera y la publicación de listas de libros prohibidos.

Hoy la Congregación tiende más bien a ordenar a los curas infractores que recen, se arrepientan y les prohíbe oficiar misas en público. El peor castigo impuesto por las leyes canónicas de la iglesia, incluso a curas que violaron a varios menores, es básicamente la expulsión de la orden.