El alto tribunal responsabilizó al grupo comandado por Salvatore Mancuso del homicidio de dos indígenas el 17 de marzo de 2002 en el asentamiento Kepischon, igualmente en Uribia.
La tragedia ocurrió cuando un tren de la compañía Iryo, de origen italiano, que había salido de Málaga (sur) con destino a Madrid con 317 personas a bordo, descarriló sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua por la que en ese momento circulaba otro convoy de Renfe.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que durante la “guerra contra las pandillas”, ejecutada bajo el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, no murió ningún civil, y afirmó que el plan de seguridad fue guiado por Dios.
"Ser el yerno de Edmundo González Urrutia no es un delito. Nada de esto que he sufrido es justicia. Todo esto es arbitrariedad", agregó Mariana González.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, explicó que la investigación debe determinar si la rotura de un tramo de la vía es "la causa o la consecuencia" del descarrilamiento del tren Iryo.
"Lo que está absolutamente claro es que no podemos participar en una estructura que desafía el papel de la ONU y el derecho internacional", afirmó Andreas Motzfeldt.
María Corina Machado calificó la reunión de "muy productiva" y afirmó que ambos coincidieron en la necesidad de "iniciar sin demora la reinstitucionalización democrática" de Venezuela.
El Comando Sur detalló que el petrolero operaba "desafiando la cuarentena" que impuso Trump a los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró su intención de anexionar Groenlandia, pese al rechazo de la población local y las advertencias de Europa, durante una extensa rueda de prensa en la Casa Blanca.
La líder opositora venezolana María Corina Machado acusó desde Washington al chavismo de manipular la situación en Venezuela y de no liberar a la mayoría de presos políticos, tras reunirse con el secretario general de la OEA, Albert Ramdin.
El Gobierno de México trasladó a Estados Unidos a 37 presos vinculados a organizaciones criminales, considerados una amenaza a la seguridad nacional, en coordinación bilateral y bajo la administración de Claudia Sheinbaum.
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