80 funcionarios gringo-panameños tendrán que renunciar
Unos 80 funcionarios –entre ellos el ministro Ramón Arosemena y la cónsul en Miami, Adela Chiari– fueron denunciados ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso de la Información (Antai) porque no pueden ejercer cargos públicos por haber adoptado la ciudadanía norteamericana, lo que viola directamente la Constitución y constituye un acto de corrupción.
La denuncia fue presentada por el abogado Sídney Sittón ante la jefa de la Antai, Angélica Maytín. El jurista pide la destitución de los funcionarios, ya que estarían violando los artículos 13, 132 y 133 de la Constitución.
Sittón reveló que al comprobarse que los funcionarios denunciados obtuvieron doble nacionalidad, sus derechos ciudadanos quedaron "tácitamente" suspendidos, según la Constitución Nacional, que establece claramente que estos ciudadanos no pueden ejercer un cargo con mando y jurisdicción.
Según el jurista, se trata de al menos 80 funcionarios que enfrentan esta situación, quienes laboran con mando y jurisdicción en cargos desempeñados en el servicio exterior, ministerios, entidades, Ministerio Público, Órgano Judicial y Tribunal Electoral.
En enero de 2012, la Corte Suprema de Justicia –en el caso del exalcalde Bosco Vallarino– advirtió que a la persona que renuncia a la nacionalidad que había adquirido, su ciudadanía no se le restablece de manera tácita, "sino que la Asamblea Nacional es la indicada y competente constitucionalmente para restablecer los derechos ciudadanos", señaló Sittón.
Por su parte, la directora de la Antai, Angélica Maytín, acogió la denuncia presentada por Sittón y aclaró que la misma "tiene validez", por lo que será inmediatamente remitida a las diversas instancias y entidades como parte del inicio del proceso de investigación correspondiente en este tipo de casos.
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