Baloisa fija audiencia para trama armada por varelismo

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Por: Redacción / Crítica Impreso -

La jueza Baloísa Marquínez llamó a juicio a 20 personas por el caso New Business y definió como fecha de audiencia del 17 al 28 de abril de 2023, y como fecha alterna del 23 de mayo al 5 de junio de 2023.

Se sobreseyó provisionalmente a nueve personas que fueron investigadas por el delito de blanqueo de capitales a quienes les ordenó el levantamiento de las medidas cautelares que se le habían impuesto.

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Además se levantó la suspensión de tramitación del proceso en lo que respecta al expresidente Ricardo Martinelli, quien fuera excluido de la audiencia preliminar por fuero penal electoral, medida que posteriormente fue levantada.

A Martinelli se le fijó como fecha de audiencia preliminar el 31 de octubre de 2022, y como fecha alterna el 29 de noviembre de 2022.

Caso armado por el varelismo

La exprocuradora Kenia Porcell inició este caso con base en una denuncia hecha por el diputado varelista Jorge Iván Arrocha en el pleno de la Asamblea Nacional los días 6 y 7 de febrero de 2017, arropado de inmunidad y tras una serie de reportajes de los diarios de Epasa contra el gobierno varelista por el tema de la Fundación Don James y los fondos asignados por el PAN a diputados del panameñismo.

El aparato perseguidor del Gobierno varelista formalizó su ataque al Grupo Epasa, abriendo una investigación de "blanqueo de capitales" contra la compra del conglomerado editorial a la Familia Arias y que involucró al Banco General.

Desde el 14 de junio de 2016, es decir casi un año antes y violentando la independencia del Ministerio Público y el debido proceso, Varela advirtió que la Procuraduría preparaba un proceso legal contra Epasa, sin que esa agencia de instrucción, Epasa o sus abogados lo supieran.

En los Varela Leaks, en uno de los chats con el abogado Eduardo Valle, el exmandatario Juan Carlos Varela se quejaba de La Estrella y Epasa. "Mira las portadas de hoy”.

Ya en uno de los casos que Porcell utilizó para armar New Business -el contrato de la autopista Arraiján-La Chorrera- el pleno del Tribunal de Cuentas ordenó el cierre y archivo del proceso de supuesta lesión patrimonial seguido contra Transcaribe Trading, tras determinar que en el desarrollo de esta obra no hubo sobreprecios tal como argumentaba la fiscalía.

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