Bocatoreños: emergencia sí, pero persisten demandas sociales
“Estamos de acuerdo con la medida, pero no queremos soluciones temporales. El Gobierno debe mirar también hacia la falta de oportunidades que vivimos en Bocas del Toro”, comentó una residente de Changuinola.
Este miércoles, la provincia de Bocas del Toro amaneció bajo estado de emergencia, decretado por el Gobierno Nacional con el objetivo de reactivar las actividades comerciales, restablecer el orden público y garantizar el retorno a clases, tras más de un mes de huelga indefinida en rechazo a la Ley 462 de la Caja de Seguro Social.
La medida busca poner fin a la paralización que ha afectado gravemente la economía local y el sistema educativo. La Ley 462, motivo central de las protestas, ha generado amplio rechazo entre los ciudadanos, quienes exigen su derogación inmediata.
Algunos residentes bocatoreños consultados expresaron su respaldo al estado de emergencia, pero también instaron al Gobierno Nacional a ir más allá de la coyuntura actual y atender problemáticas estructurales como la educación, el empleo y la salud, temas que —afirman— han sido históricamente desatendidos en la provincia.
“Estamos de acuerdo con la medida, pero no queremos soluciones temporales. El Gobierno debe mirar también hacia la falta de oportunidades que vivimos en Bocas del Toro”, comentó una residente de Changuinola.
En medio de la crisis social y económica, la Alianza de Iglesias Evangélicas de Bocas del Toro ha ofrecido sus buenos oficios como mediadores entre los manifestantes y las autoridades, con la esperanza de facilitar un diálogo que conduzca al levantamiento de la huelga.
El pastor Jorge Hernández, vocero de la alianza, expresó su preocupación por las consecuencias del paro: “Como parte de esta comunidad, nos duele ver el sufrimiento de nuestro pueblo. Es urgente que se retome el diálogo y se logre una solución que garantice la paz y el bienestar de todos los bocatoreños”.
Mientras tanto, se espera que en las próximas horas se definan nuevos mecanismos de diálogo con participación de distintos sectores sociales.
La población permanece a la expectativa, esperando que el estado de emergencia sea el primer paso hacia la solución definitiva del conflicto.