"Bolo" defiende incautación de bienes. "Decentes no deben temer"

La Contraloría General de la República ha intensificado sus esfuerzos para combatir la malversación de fondos públicos mediante la implementación de una nueva herramienta reglamentaria. 

Con base en la Resolución 12-3126, la entidad ha ejecutado ya más de 40 órdenes de incautación de bienes y congelamiento de cuentas, buscando recuperar el patrimonio estatal.

El contralor Anel Flores, en compañía del presidente del Tribunal de Cuentas, Rainier del  osario Franco,defendió la legalidad y necesidad de esta medida, que permite a la Contraloría actuar con mayor celeridad. 

Esta reglamentación busca acortar significativamente el tiempo que transcurría, en promedio cuatro años, entre el inicio de una investigación y la aplicación de las primeras medidas cautelares.

Según la nueva normativa, la Contraloría está facultada para suspender pagos, secuestrar propiedades y aplicar otras medidas cautelares de forma inmediata, incluso sin audiencia previa, siempre que existan pruebas que sustenten la acción. 

Este cambio busca evitar que los investigados tengan tiempo para ocultar o transferir sus bienes.

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El contralor Flores fue enfático al justificar la urgencia de estas acciones:

“Los panameños están cansados de ver a funcionarios que entran sin plata y en pocos años andan en carros de lujo y con casas millonarias”, declaró Flores.

La resolución, respaldada por la Ley 32 de 1984 y el artículo 33 de la Ley 67 de 2008, se mantendrá vigente a menos que la Corte Suprema de Justicia la declare inconstitucional.

La administración del presidente José Raúl Mulino y el contralor Flores han reiterado que el objetivo es garantizar la transparencia y recuperar la confianza de los inversionistas. El contralor buscó disipar temores en el sector empresarial, señalando:

“Si los negocios se hacen bien, no hay nada que temer”, aseguró Flores, enfatizando que las medidas están dirigidas a frenar la corrupción en los contratos públicos, como las coimas y los sobrecostos.

La Contraloría informó que, hasta la fecha, solo se han recuperado $20 millones de los $70 millones en condenas por casos de peculado. 

El magistrado Rosario Franco, destacó que estas medidas están amparadas en la Ley 32 de 1984 y el artículo 33 de la Ley 67 de 2008, garantizando que toda acción sea proporcional, fundamentada y controlada judicialmente.